El Gobierno tira la toalla: incertidumbre en política social

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 establecía, entre otras metas y aspiraciones para la educación, las siguientes:

Al finalizar el Gobierno del Presidente Oscar Arias, la sociedad costarricense:
Tendrá un sistema de educación pública de creciente calidad, cobertura y relevancia, con un financiamiento equivalente al 8% del PIB, que permita que ninguna persona de 17 años o menos esté fuera del sistema educativo (p. 47, capítulo titulado “Visión”).
Incremento del presupuesto constitucionalmente definido para el sector educación, del 6% al 8% del PIB.
Como es evidente, la viabilidad de esta reforma depende no sólo del apoyo legislativo a la reforma constitucional que aumente el presupuesto que debe destinarse al sector educación, sino del incremento de los ingresos tributarios, sin el cual la reforma constitucional quedaría en letra muerta (p. 54, capítulo titulado “Compromiso político”).

Fui de los crédulos que pensó que este Gobierno, luego de aprobar el TLC, se iba a dedicar a fortalecer la política social y atender los problemas estructurales que padecen una serie de sectores como la educación y la salud.

Los resultados de la encerrona realizada por Gobierno el pasado 23 de agosto para definir las orientaciones de sus dos últimos años y algunas declaraciones posteriores de sus jerarcas, desmienten esta posibilidad. Más bien ocurrió lo contrario y se repitió la historia de los dos gobiernos anteriores que se dedicaron a administrar el estado de cosas existente. Primero, se renunció a una reforma fiscal que hubiera permitido cumplir con una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, aumetar el presupuesto de la educación a un 8% del PIB. Segundo, se disminuye el perfil de la autoridad social pues se delega su responsabilidad en la Ministra de Salud, como una especie de recargo pues ya detenta la rectoría del sector salud. Tercero, ya desde finales de julio se había anunciado una posible revisión de metas del Plan Nacional de Desarrollo. Paradógicamente según informes de la Contraloría General de la República el Gobierno incumple metas en educación y salud, además de no cumplir con el precepto constitucional vigente de garantizar un presupuesto en educación de un 6% del PIB.

Si bien el presidente Arias declaró que los objetivos sociales son "prioridad absoluta" de los 20 meses que restan de su administración y se anunció un aumento del presupuesto del sector social y en particular de la educación, lo más probable es que resulte insuficiente para resolver el enorme déficit en infraestructura de la educación, que requiere un presupuesto anual de 90 mil millones de colones y sólo se dispone de 14 mil millones por año. Se supone que este presupuesto lo van a duplicar el próximo año, sin embargo aún así luce insuficiente para un déficit acumulado de muchos años.

Según declaraciones a Diario Extra de la nueva rectora del sector social, la Ministra de Salud, el programa Avancemos será gestionado por el IMAS. Por una parte, esta no parece la estrategia adecuada para un programa de transferencias condicionadas que difiere de los que tradicionalmente ha manejado esa institución, que se concentra principalmente en distribuir beneficios asistenciales a familias pobres pero que ha tenido resultados más restringidos en el ámbito de la superación de la pobreza. El SIPO, herramienta utilizada por el IMAS para seleccionar beneficiarios, padece de rigidez a la hora de seleccionar según la línea de pobreza y deja por fuera conceptos como la vulnerabilidad que se estaban manejando en el programa Avancemos.

El gobierno queda debiendo en materia de política social, muchas cosas quedan indefinidas (todavía no está lista la revisión de metas del Plan Nacional de Desarrollo*) y queda la impresión que al igual que los gobiernos que se han sucedido desde la década de 1980 la prioridad ha sido la política económica. Siempre es el sector social donde terminan saliendo por diversas razones ministros y figuras importantes y donde se debilitan o pierden prioridad los principales programas de gobierno.

Subsiste una gran ausencia de políticas de mediano y largo plazo que superen la limitada perspectiva de un sólo gobierno.

La coyuntura actual, con un estancamiento y posible crisis económica en ciernes por causas a nivel internacional, no es la más propicia para reformas fiscales, sin embargo al menos se debieron dar pasos en este sentido que den una buena señal a los ciudadanos.

* Según unas declaraciones a la prensa del Ministro de Planificación (no logré encontrar el enlace) la revisión se discutirá una vez que el Presidente Oscar Arias regrese al país.

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