La propuesta es desafortunada por varias razones:
- Un porcentaje significativo de los inmigrantes nicaragüenses están asegurados, según un estudio de FLACSO (población, empleo y necesidades básicas insatisfechas). Los datos no pudieron ser contrastados con cifras de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pues la institución no lleva registros de afiliación por nacionalidad, sin embargo es un dato que contradice buena parte del mito del efecto de la migración sobre la seguridad social. Y decimos mito pues hasta el momento la CCSS no ha realizado estudios precisos sobre el tema, sino estimaciones puesto que sus registros de atención hasta hace algunos años no incluían el dato de nacionalidad y probablemente no ha sido incluido todavía en sus bases de datos.
- Si un porcentaje cercano al 60% de los inmigrantes nicaragüenses están asegurados (un 80% para la población nacional) según el documento mencionado de FLACSO, lo más probable es que la mayoría de quienes cuentan con cédula de residencia también están afiliados a la seguridad social.
- Nos nos imaginamos que un inmigrante, que por lo general desempeñan los trabajos que los ticos no quieren asumir, tenga la posibilidad de pagar un año de cuotas mensuales de 9.000 colones cuando tenga que renovar su cédula de residencia. Estamos hablando de 108.000 colones de un solo "güevazo", monto muy cercano a un salario mínimo legal (no puedo conseguir la cifra en este momento pues el sitio Web del Ministerio de Trabajo está caído).
- Además, si se trata de un asalariado que no ha sido asegurado por su patrono, se está penalizando sólo al trabajador.
- No aclara la noticia qué pasará con inmigrantes de otro tipo, personas de altos ingresos, que no necesitan de la seguridad social pues pueden pagar los costos de la medicina privada y cuentan con seguros internacionales.
Y la medida va a provocar una consecuencia indeseable: que menos personas traten de regularizar su situación migratoria o que quienes tienen residencia legal opten por no renovarla si no tienen seguro social, con lo cual aumentarán las filas de indocumentados.
En vez de ser una medida que favorezca la inclusión de los inmigrantes, puede provocar todo lo contrario, una mayor exclusión de las políticas sociales, mayor informalidad de sus condiciones laborales y niveles más altos de indocumentación.
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